La compraventa con pago aplazado es una opción cada vez más recurrida para asegurar la venta de inmuebles.
La diferencia principal con la venta tradicional radica en que el pago del precio no se hace en el momento de la compra del inmueble, sino que se difiere en el tiempo a través de una serie de pagos aplazados que se concretan en la escritura de compraventa.
En el despacho hemos advertido errores de cierto calado en algunos informes de antigüedad emitidos por técnicos con la finalidad de inscribir construcciones ilegales en el Registro de la Propiedad, dado que no cumplen los requisitos legales a efectos prescripción, provocando funestas consecuencias para los propietarios.
Cuales son los errores más habituales?
En esta publicación queremos incidir en el rol que juega el notario en la compraventa de inmuebles, lógicamente desde una perspectiva personal, basada en un sinfín de experiencias vividas a lo largo de los últimos años.
La experiencia adquirida con el paso de los años nos ha permitido identificar los errores más comunes que comete el comprador en el proceso de compraventa de una vivienda:
Es muy habitual durante el proceso de compraventa de un inmueble que ambas partes (vendedor y comprador) acuerden suscribir un contrato de arras con el fin de asegurar la operación.
Sin duda el COVID-19 ha supuesto un duro varapalo para la economía española, especialmente para el sector inmobiliario que ya empezaba a mostrar síntomas de estancamiento pese a los mínimos intereses de las hipotecas. Así, en diciembre de 2019 se vendieron unas 54.000 viviendas, un 1,2% menos que en el mismo mes del año anterior.
En los últimos meses nos hemos encontrado con asiduidad clientes que acuden al despacho solicitando asesoramiento legal por la incoación de expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística.
Nuestra normativa urbanística prevé la denominada expropiación por ministerio de la Ley como un mecanismo para la defensa de los intereses privados de índole económico frente a la pasividad o inactividad de la Administración cuando ésta no se decide a ejecutar las previsiones contenidas en el planeamento, reconociendo a los propietarios de los terrenos destinados a sistemas generales o dotaciones públicas locales, el derecho a instar su expropiación.